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Boletín de noticias 23 de noviembre de 2011
EL TIEMPO
APRUEBAN REFORMA CONSTITUCIONAL QUE REVIVE LA LEY DE PEQUEÑAS CAUSAS
El Congreso quedó facultado para determinar cuáles delitos podrían incluirse en esa norma.
El Congreso aprobó en último debate una reforma constitucional que revive la ley de pequeñas causas, por lo cual el legislativo quedó facultado para tramitar una norma ordinaria que determine qué delitos menores podrían ser cobijados por esta iniciativa.
El proyecto de enmienda "desmonopoliza la acción penal", lo cual quiere decir que se cambia la norma constitucional que indicaba que solo la Fiscalía podía adelantar investigaciones de todo tipo de delito.
Al reformar este enunciado, el Congreso quedó facultado para tramitar una reglamentación que, entre otras cosas, le permitiría a la Policía adelantar investigaciones sobre causas menores.
"En la Constitución se señalaba que el ejercicio de la acción penal era exclusivamente del Fiscal, (...) pero a partir de este momento el Congreso puede expedir una ley de pequeñas causas que permita, por ejemplo, que las autoridades de Policía investiguen y se establezca un procedimiento mucho más expedito", explicó la fiscal General, Viviane Morales.
Pablo Felipe Robledo señaló que "el legislador determinará en el futuro para qué delitos la acción penal podrá ejercerla o la víctima directamente o autoridades distintas de la Fiscalía".
La Corte Constitucional tumbó en el 2008 la ley de pequeñas causas que tramitó el gobierno del ex presidente Álvaro Uribe, al considerar que se violaba la Carta Política al otorgarles a otras autoridades distintas a la Fiscalía facultades para investigar casos menores. Esa norma se tramitó, en su momento, como una ley ordinaria.
De otro lado, la iniciativa también establece que el Fiscal General podrá delegar casos que estén bajo su jurisdicción, para descongestionar el despacho del titular del ente acusador.
Lo que se pretenden es que el Fiscal General pueda delegar procesos a los fiscales delegados ante la Corte y al vicefiscal general. Viviane Morales recordó que, en este momento, solo en su despacho tiene 1.179 investigaciones en curso.
CONTINÚA POLÉMICA EN EL CONGRESO POR REFORMA DE LA JUSTICIA
Este jueves se radicará la ponencia del tercero de los ocho debates que se deben llevar a cabo.
La incorporación de la figura de 'arraigo'o empadronamiento causó polémica este martes en el Congreso.
Los tiempos se le siguen ajustando al trámite en el Congreso de la reforma de la justicia.
De acuerdo con los plazos que fija la ley, a más tardar el jueves de la próxima semana tendría que votarse la iniciativa en su tercero de ocho debates reglamentarios.
Debido a que el proyecto es una reforma a la Constitución, debe cumplir dos vueltas, la primera de las cuales debe surtirse antes del 16 de diciembre, cuando finaliza la primera parte de la legislatura.
Por ello, los ponentes han planteado un cronograma que busca que le enmienda constitucional, uno de los principales propósitos del gobierno del presidente Juan Manuel Santos, no naufrague en el Legislativo.
Según Heriberto Sanabria, coordinador de ponentes, "este miércoles habrá un desayuno de los 12 ponentes del proyecto con representantes del Ministerio de Justicia para escuchar sus puntos de vista sobre la iniciativa".
El titular de esa cartera, Juan Carlos Esguerra, no estará presente en esta cita ya que este martes viajó a San José de Costa Rica para participar en la audiencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el fallo de la masacre de Mapiripán.
El jueves en la mañana, según Sanabria, la Comisión Primera de la Cámara escuchará a los presidentes de las altas cortes, y "en la tarde del jueves estaríamos radicando la ponencia para estudiarla y votarla entre martes y miércoles de la próxima semana".
De ser aprobada, la reforma constitucional deberá esperar ocho días hábiles para llegar a la plenaria de la Cámara de Representantes, en donde deberá ser discutida y aprobada en la última semana de la legislatura.
Polémica por 'arraigo'
Paralelamente con las audiencias públicas sobre la reforma de la justicia, de las cuales ya se han cumplido dos esta semana, una controversia se escenificó este martes en el Legislativo.
Sanabria ha dicho que pretende incorporar al proyecto la existencia de la figura de 'arraigo', la cual significa que las autoridades civiles y de Policía tengan en su poder una base de datos con la ubicación exacta de los habitantes de un municipio, con el fin, según él, "de diseñar las política públicas de seguridad de cada localidad".
"Al ciudadano no le debe dar temor a registrar su residencia, su domicilio ante las autoridades locales, las cuales deberán coordinar este registro con el cuerpo civil de Policía", afirmó el congresista conservador.
No obstante, el ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, advirtió que no es posible incluir esto en el proyecto.
"Esto no se va a incorporar en la reforma de la justicia, entre otras cosas porque no tuvo consecutividad, no fue ni debatido ni discutido en el Senado de la República", aseguró el Ministro.
A lo que Vargas Lleras se refiere es a que en los dos debates que la iniciativa superó en el Senado, la figura del 'arraigo' no fue discutida.
"La Corte Constitucional ha sido muy clara, en reiterada jurisprudencia, en exigir esto, y mucho más tratándose de reformas constitucionales: que se respete el principio de consecutividad, el cual implica que cualquier tema que incluya la reforma, debe ser debatido y aprobado en 8 debates", explicó Vargas Lleras.
Orlando Velandia, vocero del Partido Liberal en la Cámara y uno de los ponentes del proyecto, dijo que aunque la figura de 'arraigo' "es buena", no se "casa" con ella.
"Tenemos que revisarla mucho más y escucharla con mucho más detenimiento. En principio soy partidario de eso, pero hay otros compañeros que se apartan de esa idea", afirmó el congresista.
La inclusión de la figura del 'arraigo' solo se conocerá el jueves en la tarde, si ese día, como lo anunció Sanabria, se radica la ponencia de la reforma de la justicia, la cual, entre otros puntos, revive el fuero militar, crea la doble instancia para el juzgamiento de los congresistas y elimina la Comisión de Acusación de la Cámara.
Este último punto promete ser uno de los más discutidos del trámite de la enmienda en la Cámara, ya que el presidente de esa célula congresional, Germán Blanco, ha manifestado que los miembros de la Comisión darán la pelea para seguir investigando a los presidentes, fiscales y magistrados de las altas cortes, como lo han hecho hasta el momento.
EN COLOMBIA AÚN HAY 'ESCLAVOS', PERO SOLO UNO DE CADA 20 LO DENUNCIA
207 colombianos reconocieron (entre el 2005 y el 2010) haber sido víctimas de trata de personas.
La trata de personas es definida por los académicos como la esclavitud del siglo XXI y la cifra la reveló un estudio sobre la magnitud de este delito en el país, realizado por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la Universidad de los Andes, dado a conocer ayer en Bogotá.
Sin embargo, las autoridades colombianas creen que solo una de cada veinte víctimas de este delito es capaz de denunciarlo.
El informe también arrojó que, de los 207 casos denunciados en los últimos cinco años, el 90 por ciento corresponde a mujeres y tan solo el 10 por ciento a hombres.
Además, el 82 por ciento de los casos corresponde a explotación sexual y el restante, a explotación laboral. El país en el que más se reportó la explotación sexual de colombianos fue Ecuador, con el 32 por ciento.
Llama la atención que en Singapur se registre el 4 por ciento de los casos de explotación sexual.
En lo que tiene que ver con trabajo forzado, Argentina está en el primer puesto, con el 33 por ciento. En segundo lugar aparece Ecuador (20 por ciento) y luego se sitúa Guatemala (10 por ciento).
Pero el estudio también dejó en evidencia que la trata de personas no solo es internacional. De las 207 personas que denunciaron, 20 reportaron que habían sido objeto de trata dentro del país. Las zonas más críticas son Antioquia, Valle y Bogotá.
De acuerdo con Elvia Vargas, investigadora de la Facultad de Psicología de la Universidad de los Andes, el deseo de contribuir económicamente al hogar y de obtener una casa son las razones principales por las que las personas acceden a ser víctimas de este tráfico.
"El país tiene información confiable para implementar políticas públicas que permitan atender a los afectados y contrarrestar una problemática de magnitudes desproporcionadas", agregó Vargas.
Carlos Pérez, coordinador de Trata de Personas de la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito, explicó que esta situación obedece a dos razones: "La primera, las víctimas son amenazadas constantemente, incluso luego de abandonar esta práctica, y la segunda, que este delito es cometido en muchas ocasiones en zonas alejadas a las que las autoridades no llegan".
EL ESPECTADOR
CONGRESO ESTARÍA TRAMITANDO AMNISTÍA DISFRAZADA PARA LOS 'PARAPOLÍTICOS'
Un proyecto que este miércoles está listo para su aprobación en el Senado, sacaría de La Picota al menos a la mitad de los políticos detenidos por nexos con grupos armados ilegales.
Las alertas se prendieron este miércoles en la opinión por cuenta de una presunta amnistía disfrazada que beneficiaría a los parapolíticos.
La FM reveló que está en trámite un proyecto de la exsenadora Piedad Córdoba Ruíz que concede una rebaja de penas, con motivo del Bicentenario Nacional.La iniciativa permitiría que al menos un 50% de los parapolíticos sagan de la cárcel La Picota, con otros beneficios que tienen los presos del país. La idea inicial era conceder una quinta parte de la pena impuesta o que llegare a imponerse a quienes estuvieran vinculados al proceso penal a la entrada en vigencia de la presente ley.
Este beneficio se aplicará también a quienes estuvieran cobijados con beneficios de libertad provisional, detención domiciliaria, condena de ejecución condicional o libertad condicional. Sin embargo, el proyecto no cobija a quienes hayan cometido delitos de lesa humanidad. Los ponentes del proyecto son Juan Manuel Corzo, Roberto Gerlein, Karime Motta, Jesús Ignacio Garcia y Hemel Hurtado.
Aunque La FM intentó contactar al presidente del Senado, Juan Manuel Corzo, el legislador dijo a ese medio que no respondía sobre el tema pues veía que la posible entrevista no traía buenas intenciones.
A SEGUNDO DEBATE PROYECTO PARA ACABAR BRECHA SALARIAL ENTRE HOMBRES Y MUJERES
La senadora ponente, Gloria Inés Ramírez, dijo que las diferencias son amplias.
La plenaria del Senado en el Congreso de la República.
La senadora Gloria Inés Ramírez (Polo Democrático) argumentó que “esta iniciativa rompe con esa diferencia grande que tiene hoy en la vida de las mujeres en Colombia que a nivel de la Constitución política tenemos unos grandes reconocimientos, pero en la cotidianidad hay una gran discriminación”.
“Hay un 44% de brecha salarial entre hombres y mujeres y está ubicada fundamentalmente en el sector de la informalidad, donde se encuentra la mayoría de las mujeres”, señaló la senadora Ramírez.
"El proyecto de ley ofrece unos instrumentos que permiten subsanar esta práctica y aplicar el bloque de la constitucionalidad. Se le hace una reforma al artículo 10 del Código sustantivo del trabajo, así como al artículo 143 y, se introducen elementos nuevos como la definición de la discriminación salarial directa y la discriminación salarial indirecta; de igual manera se le otorgan facultades al juez para que cuando tenga que dirimir entre el derecho a la libertad de contratación y el derecho de la igualdad de las mujeres, en materia salarial, sea la equidad la que prime sobre el otro", agregó.
Por su parte, el senador Antonio José Correa (PIN), presidente de la Comisión Séptima, indicó que “lo que busca el proyecto de una u otra manera es que las mujeres estén ubicadas en un mismo nivel o con las mismas responsabilidades de un hombre, dentro de una entidad, llámese empresa pública o privada y no devengue en inferioridad salario con relación al hombre”. .Aseguraron los congresistas que mediante este proyecto, el Congreso de la República promueve el respeto por los derechos laborales de las mujeres.
ABREN INVESTIGACIÓN POR IRREGULARIDADES EN JUDICATURA
Juan Carlos Esguerra calificó las denuncias por tráfico de influencias como “hechos bochornos que no tienen ninguna justificación”.
El Ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra señaló que debido a las críticas sobre un presunto tráfico de influencias en el Consejo Superior de la Judicatura se abrió una investigación para confirmar dicha situación irregular.
Para el jefe de la cartera calificó estas denuncias como “episodios absolutamente bochornosos que no tienen ninguna justificación y hablan muy mal de nuestra administración de justicia por parte del Consejo Superior de la Judicatura. Lo digo con respeto pero no por eso con otras palabras".
El jefe de la cartera de la justicia agregó que dichas investigaciones podrían terminar en "duras sanciones" para los responsables.
Esguerra aprovechó la oportunidad para cuestionar los pocos adelantos en las investigaciones adelantadas por la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, sin embargo no han producido los resultados esperados”.
“Esta es una de las razones por las que en el Proyecto de Reforma Constitucional a la Justicia esté planteada su eliminación y reemplazo", señaló el alto funcionario.
EL NUEVO SIGLO
EMPADRONAMIENTO HARÍA PARTE DE REFORMA A JUSTICIA
Otro de los cambios frente a lo aprobado en Senado tiene que ver con la doble instancia para el juzgamiento de parlamentarios.
Con varios cambios frente a lo aprobado en la plenaria de Senado, este jueves sería radicada la ponencia de la reforma a la Justicia para su tercer debate en la Comisión Primera de Cámara. Uno de ellos es incorporar la figura del empadronamiento.
Como precedente ayer, el ambiente alrededor de la iniciativa estuvo muy movido pues esta célula congresional adelantó una audiencia pública; en tanto que los coordinadores ponentes de este proyecto designados por la presidencia de la Comisión Primera de Cámara sostuvieron un encuentro con el ministro de Defensa Juan Carlos Pinzón e integrantes de la cúpula militar, durante el cual, como era de esperar, el tema de análisis fue el artículo en que se fortalece el fuero militar.
El ministro Pinzón dijo al término de la cita con los parlamentarios que “sentimos que hay un entendimiento muy claro de este artículo incluido en la reforma a la Justicia. Es un artículo que en ningún momento pretende motivar impunidad ni pretende que se comentan injusticias, pero al mismo tiempo permite ir avanzando en un marco jurídico apropiado para la Fuerza Pública”.
Igualmente mañana la Comisión Primera tiene previsto una sesión formal a la que han sido invitados el ministro de Justicia Juan Carlos Esguerra, el ministro del Interior Germán Vargas, el ministro de Defensa y los presidentes de las Cortes. “Esperamos escucharlos a todos ellos el próximo jueves en la Comisión Primera y en la tarde poder ya aprobada la ponencia y luego radicarla para que se pueda empezar a discutir y aprobarla el próximo martes”, explicó a EL NUEVO SIGLO el representante a la Cámara por el Valle, Heriberto Sanabria Heriberto, quien es uno de los cinco coordinadores ponentes de la iniciativa.
De esta forma los doce ponentes darían cumplimiento al plazo de una semana que les dio la presidencia de la Comisión Primera el jueves anterior para presentar la ponencia para tercer debate, con el ánimo de lograr que esta iniciativa gubernamental reciba cuatro debates antes del 16 de diciembre, cuando el Congreso entrará en receso, o de lo contrario se hundirá.
Algunos cambios
La ponencia para tercer debate mantiene el controvertido artículo sobre el fortalecimiento del fuero militar, tal como lo aprobó la plenaria de Senado en segundo debate. “Hay un amplio consenso de aprobar ese texto tal como venía del Senado”, indicó Sanabria.
Entre las modificaciones que están considerando incluir en la ponencia está la figura del empadronamiento, propuesta por el parlamentario Sanabria.
“Existe la iniciativa de que se pueda establecer el concepto del arraigo de las personas, que es una figura muy similar al empadronamiento que existe en España. Quiere decir que las autoridades locales, en congruencia de la autoridad de Policía, puedan adelantar políticas públicas de arraigo, en donde las personas registren su domicilio”, explicó el Parlamentario del Partido Conservador.
En tanto que otro de los cambios fundamentales que propondría la ponencia tiene que ver con la doble instancia en el juzgamiento de congresistas. En este sentido se está considerando que la etapa de instrucción e investigación esté a cargo del Tribunal Superior de Bogotá y la etapa de juzgamiento la adelantaría la Corte Suprema de Justicia. Un cambio significativo si se tiene en cuenta que frente a este tema la plenaria del Senado aprobó que para la etapa de investigación se crearía una sala independiente al interior de la Corte Suprema, en tanto que el juzgamiento sería responsabilidad de la Sala Penal de este alto Tribunal.
Igualmente el parlamentario Sanabria explicó que “también se está trabajando en aumentar las calidades para ser elegido magistrado, y se está pidiendo que tengan 25 años de experiencia profesional y tengan estudios de postgrado”.
Otros aspectos de la ponencia mantendrían lo aprobado en Senado en temas como descongestión de la justicia, que les otorga funciones a notarios y abogados para la resolución de conflictos. Igualmente se mantiene la extensión de la silla vacía para todos los delitos que puedan cometer los parlamentarios.
EN POCOS DÍAS REGLAMENTAN LEY DE VÍCTIMAS
El gobierno Nacional está trabajando en la elaboración de los decretos que reglamentarán la Ley de Víctimas y que deben ser expedidos antes del 10 de diciembre, fecha en la cual vence el plazo para hacerlo, informó el ministro del Interior Germán Vargas.
“El 10 de diciembre vencen las facultades para dos cosas. La primera, para expedir el decreto reglamentario en todos los aspectos que va a poner en marcha a partir del 1 de enero de 2012 la Ley de Víctimas, y la segunda para expedir con fuerza de ley los decretos que conciernen a la aplicación de esta misma Ley en las comunidades afrocolombianas e indígenas”, reveló el jefe de la cartera política.
Igualmente informó que ya concluyó el proceso de consulta previa de protocolización de la Ley de Víctimas con comunidades afrocolombianas y que esta semana concluirán este mismo trámite con los pueblos indígenas.
“ACUSACIONES A MAGISTRADOS SON GRAVES”
Como “graves y bochornosas” calificó el ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, las recientes acusaciones que involucran a magistrados del Consejo Superior de la Judicatura sobre pensiones y de presunto tráfico de influencias y pidió que se adelante una investigación que establezca realmente las responsabilidades.
“Son hechos muy graves y sobre hechos que resultan absolutamente bochornosos y que deban dar lugar a las investigaciones y a las sanciones correspondientes, en cuanto llegue a establecerse plena y jurídicamente que corresponden a la realidad todo eso que se está diciendo”, dijo Esguerra.
El Ministro indicó que se miran con cuidado las normas, que esa investigación debe adelantarla la Comisión de Acusación de la Cámara y llevarla a sus últimas consecuencias.
Esguerra manifestó que si la comisión de la Cámara cree que no tiene la capacidad para adelantar esas investigaciones, cree “con todo respeto”, que estaría reconociendo que no está funcionando como debía funcionar y justificando lo que está planteado en la reformas constitucional a la justicia, que es acabarla.
EXTENDERÍAN FUERO MILITAR A LA POLICÍA NACIONAL
Dicha figura es necesaria teniendo en cuenta los operativos que realizan los integrantes del cuerpo policial, indicó el ponente ante la Cámara.
Heriberto Sanabria, ponente de este proyecto, dijo que "la policía está expuesta a ser víctima de cualquier desafuero de los ilegales, a ellos también se les tiene que garantizar el debido proceso, un tribunal castrence, siempre y cuando no incurran en delitos de lesa humanidad”.
El ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, señaló que desde el inicio de la discusión a la Reforma a la Justicia se incluyó un artículo sobre el fuero militar a la Policía, para que sean cobijados sus actos del servicio.
"La policía cada día participa más en actividades relacionadas con orden público, las actividades de la policía no solo se están limitando a la vigilancia en las ciudades, sino que está participando en operaciones contra la guerrilla y el narcotráfico”, aseguró Vargas Lleras.
PENSIONES DE CONGRESISTAS A EXAMEN CONSTITUCIONAL
Demanda expone que establecer un porcentaje para liquidar el beneficio sin tener en cuenta las cotizaciones, desconoce principio de justicia del sistema.
La ley que establece un régimen especial de pensiones para los Senadores y Representantes a la Cámara será analizada desde hoy por la Sala Plena de la Corte Constitucional.
En especial, el Tribunal examinará una demanda que pide declarar inexequible el artículo 17 de la Ley 4 de 1992 que dice: “El Gobierno Nacional establecerá un régimen de pensiones, reajustes y sustituciones de las mismas para los Representantes y Senadores. Aquéllas y éstas no podrán ser inferiores al 75% del ingreso mensual promedio que, durante el último año, y por todo concepto, perciba el Congresista. Y se aumentarán en el mismo porcentaje en que se reajuste el salario mínimo legal.
NO ABUSAR DE LA TUTELA
Por: José Gregorio Hernández Galindo
Como lo hemos señalado varias veces, la acción de tutela, como mecanismo judicial inmediato y eficaz para la protección efectiva de los derechos fundamentales, se ha constituido en uno de los más importantes adelantos de nuestro Derecho Público y en formidable herramienta en manos de los ciudadanos para contrarrestar el abuso del poder, tanto de las autoridades como de los particulares.
De manera directa hemos podido presenciar en foros y academias internacionales la constante referencia al sistema colombiano y el bien ganado prestigio, tanto de la acción misma como de la abundante jurisprudencia sentada por la Corte Constitucional en estos veinte años.
Desde luego, no se preserva ni se defiende la tutela cuando se tiende a utilizarla de manera indebida, es decir, para cometidos ajenos a los que le son propios.
La acción ha sido concebida como procedimiento subsidiario, que solamente puede ser interpuesto ante los jueces cuando no existen otros medios judiciales idóneos para asegurar el derecho quebrantado o amenazado, o -aun existiendo esos otros medios- cuando la persona de cuyo derecho se trata afronta la posibilidad inminente y próxima de un perjuicio irremediable. Por tal se entiende aquel daño que, de no ser por la acción de tutela oportuna -con carácter transitorio-, se causaría de manera irreversible a la persona y a sus derechos.
La doctrina constitucional ha sido en este sentido reiterada desde la primera sentencia de la Corte, proferida el 3 de abril de 1992.
Entre otras cosas, debemos destacar que la acción de tutela no está llamada a sustituir los procedimientos ordinarios, ni tampoco puede convertirse en un recurso adicional contra las sentencias definitivas de los altos tribunales, y no cabe contra providencias, a menos que pueda probarse de manera indudable que se ha incurrido en protuberante y grave vía de hecho, lo cual resulta completamente extraordinario.
Ahora bien, reconocer que ha habido abusos en algunos casos no significa que podamos abrir la puerta para que en adelante se obstaculice o dificulte la tutela, ni para preparar proyectos de normas que tiendan a desalentarla, cuando en realidad la mayor parte de los casos en que se ha acudido al amparo corresponden a situaciones de la vida real en que han sido violados o amenazados los derechos básicos.
No lleguemos a ninguno de los dos extremos: ni al abuso de la tutela, ni a inutilizarla, como algunos quieren.
NOTICIERO CMI
HAY UN BUEN AMBIENTE EN LA CÁMARA FRENTE A LA REFORMA A LA JUSTICIA
Así lo aseguró hoy el ministro de Defensa, quien se reunió con los ponentes del proyecto de ley.
El ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, revisó hoy junto a los congresistas de la Comisión Primera de la Cámara, el proyecto de ley de Reforma a la Justicia y especialmente el artículo sobre el fuero militar.
El jefe de la cartera de Defensa se declaró satisfecho por el ambiente respecto de la iniciativa en el legislativo.
"Sentimos que hay un entendimiento muy claro de este artículo incluido en la reforma a la justicia. Es un artículo que en ningún momento pretende motivar impunidad, ni pretende que se comentan injusticias, pero al mismo tiempo permite ir avanzando en un marco jurídico apropiado para la Fuerza Pública ", explicó el ministro.
El acto legislativo que pretende una reforma a la justicia ya cursó su tercer debate en el Congreso de la República.
Parágrafo. La liquidación de las pensiones, reajustes y sustituciones se hará teniendo en cuenta el último ingreso mensual promedio que por todo concepto devenguen los Representantes y Senadores en la fecha en que se decrete la jubilación, el reajuste, o la sustitución respectiva”.
Según el demandante Dionisio Araujo, la norma acusada vulnera los derechos a la igualdad, a los presupuestos básicos del Sistema de Seguridad Social en Pensiones y a la obligación de contribuir a los gastos del Estado bajo los criterios de equidad e igualdad. Aduce que la norma, al establecer un porcentaje para fines de liquidar la pensión, su reajuste o su sustitución, sin tener en cuenta las correspondientes cotizaciones, desconoce los elementos de justicia, sostenibilidad y de razonabilidad del sistema, pues ignora las condiciones de edad y de tiempo mínimo de aportes, y es indiferente a la proporcionalidad que debe existir entre estas condiciones y el porcentaje en comento. En este contexto, advierte que la norma establece una concesión graciosa en favor de los congresistas, en atención a consideraciones que escapan al régimen autorizado por la Constitución en materia pensional.
De igual manera, Araujo Angulo reitera que los congresistas, como cualquier otra persona, deben recibir el mismo trato en materia de personas, en razón del derecho a la igualdad y, en consecuencia, la liquidación de sus pensiones debe reflejar el período de tiempo durante el cual se ahorró a través de las cotizaciones y el valor de los recursos aportados conforme a las reglas que gobiernan las cotizaciones como porcentaje del ingreso devengado.
Concepto del Procurador
En concepto rendido a mediados de julio pasado, el procurador Alejandro Ordóñez le pide a la Corte Constitucional declararse inhibida para examinar la demanda, pues la norma acusada ya no produce ningún efecto en la actualidad.
“La norma demandada, que establece un régimen especial en materia de pensiones para los congresistas, es contraria a lo dispuesto en el artículo 48 de la Constitución, después de la reforma introducida por el Acto Legislativo 01 de 2005. Ante esta circunstancia, es forzoso reconocer que se configura el fenómeno jurídico de la inconstitucionalidad sobreviniente, a partir de la vigencia del Acto Legislativo en comento. Desde esa fecha y hacia el futuro, la norma demandada no produce, ni puede producir, ningún efecto”, afirma.
Sin embargo, el jefe del órgano de control advierte que si hay algún efecto de la Ley 4 de 1992, sólo cobija a un grupo reducido de congresistas.
“No sobra advertir que si la norma acusada todavía produce algún efecto, no lo hace de manera general, impersonal y abstracta, sino de manera particular, personal y concreta, respecto de la situación jurídica individual de aquellos congresistas que a la fecha de promulgación del Acto Legislativo 01 de 2005, es decir, al 25 de julio de 2005, ya habían cotizado por lo menos 750 semanas. Estas situaciones jurídicas individuales no son, ni pueden ser, objeto del control abstracto de constitucionalidad, sino que deben ser definidas por los jueces competentes en cada caso”, expuso Ordóñez Maldonado.